Julian Martínez Cayey – A sus tres “reformas democráticas” que supondrían enmendar la Constitución, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, sumó este sábado –en la conmemoración de los 74 años del Estado Libre Asociado (ELA)– varias propuestas para combatir el inversionismo político de la “claque”, entre ellas, limitar o prohibir que proveedores del gobierno donen a campañas, al hacer alusión a las múltiples controversias con contratos de la actual administración de Jenniffer González.
“A algunos de la claque, los relevaron de sus posiciones esta semana”, afirmó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD), en referencia a Francisco Domenech e Itza García, secretario y subsecretaria de la Gobernación, quienes dejarán sus puestos el 7 y 15 de agosto, respectivamente, tras conocerse que son investigados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).
“Pero el problema de corrupción de la claque va mucho más allá de un secretario, de una subsecretaria y hasta de lo que comúnmente llamamos corrupción. Hay corrupción que es delito legal y hay corrupción que es delito moral. En la claque, tenemos evidencia de ambas”, agregó Hernández en su mensaje, en el que apenas habló del ELA, opción territorial de status que defiende.
La conmemoración de los 74 años de la promulgación de la Constitución del ELA se celebró en el Teatro Municipal de Cayey, donde, durante los mensajes protocolares, se mostraron las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos. A la 1:00 p.m., el teatro ya estaba lleno a capacidad –de 1,450 personas entre sus dos plantas–, mientras cientos de militantes escucharon parados dentro de la sala principal y a las afueras.
Además de señalar a Domenech y García, Hernández lanzó dardos sobre otras controversias de miembros de la administración de González, como la presunta venta de marbetes fraudulentos en un centro de inspección a nombre de Ciary Pérez Peña, exsecretaria de la Vivienda, y el destaque de Norberto Almodóvar en esa agencia, pese a también ser objeto de la referida pesquisa de la Opfei por supuestamente manipular una subasta en la Oficina de Gerencia de Permisos, de la que fue secretario auxiliar.
Entre sus cuatro propuestas contra el inversionismo político, Hernández incluyó “limitar o prohibir” los donativos en efectivo, anónimos y de contratistas del gobierno a campañas. Además, planteó requerir que “cada campaña haga el esfuerzo por conseguir dónde trabaja cada donante y que el contralor electoral lo publique para fiscalizar las irregularidades”.
En conferencia de prensa tras su mensaje, Hernández dijo a El Nuevo Día que todavía hay “espacio” para definir mejor los “detalles técnicos” de sus propuestas, con miras a presentar legislación antes de que comience el ciclo electoral en 2027, por lo que mantiene conversación con su delegación en el Senado y la Cámara de Representantes.
“Las limitaciones a un candidato a la gobernación no tienen que ser las mismas de un candidato a alcalde. Uno pudiera poner limitaciones o prohibiciones para campañas que recauden más de cierta cantidad de dinero. Esas son cosas que se deben discutir”, sostuvo.
“Los riesgos de corrupción y las necesidades económicas pueden variar por contienda”, agregó, a preguntas sobre por qué deben ser diferentes los criterios entre candidaturas.
La actividad de los populares estuvo más concurrida que la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, celebrada por la gobernadora el pasado 4 de julio en San Lorenzo, y la marcha por la independencia del 18 de julio en el Viejo San Juan, destacó Hernández.
Nuevamente, el comisionado residente y presidente del PPD evitó responder a quiénes se refiere como la “claque” dentro de su colectividad. “No me voy a poner a dar nombres, porque no lo encuentro productivo, porque también es darle pauta. Es gente que cobra del partido de gobierno y, a base de eso, se venden. No están presentes hoy (en la actividad del ELA). La manera típica de hacer las cosas ha cambiado”, dijo, al afirmar que la “refundación” del PPD –que encaminó hace un año– ha alejado a la “claque” de los puestos de liderato que tanto critica.
Hernández aún no oficializado una candidatura a la gobernación –u otro puesto– para 2028, y negó que sus vídeos sobre sus labores en la capital federal sean parte de una aspiración política.
“Pablo José es el nuestro. Lo que he visto, lo ha hecho bien. Espero que haya algo más impulsivo porque, de verdad, este gobierno (del Partido Nuevo Progresista) está malísimo. Necesitamos un cambio. No le podemos dejar a los que están subiendo esto que está pasando”, expresó, por su parte, Ana Julia Colón Torres, de 89 años y quien llegó al evento desde Caguas.
Del mismo modo, Norka Marrero Peña, residente de Coamo, enfatizó que, con Hernández, el PPD tiene más oportunidades de ganar las elecciones en 2028. En el pasado evento electoral, el entonces candidato a la gobernación del PPD, Jesús Manuel Ortiz, llegó tercero, siendo la primera vez en la historia de la colectividad que ocupa ese lugar.
“Tiene mucho compromiso con Puerto Rico y no le miente al pueblo. El gobierno de ahora entendemos que no satisface nuestras necesidades y creemos que él lo va hacer”, dijo Marrero Peña, de 77 años.
Los exgobernadores Sila Calderón y Alejandro García Padilla fueron recibidos con ovación en Cayey, a donde también llegaron legisladores y alcaldes populares de más de una docena de municipios.
