Julian Martínez El exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, radicó este lunes una querella ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) en la que solicita que se investigue al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública y presunta interferencia en investigaciones internas dentro del gobierno.
La querella trasciende el mismo día en que la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la designación de Carlos Ríos Pierluisi como nuevo secretario del DDEC.
Negrón Reichard solicitó que la Opfei evalúe sus señalamientos como parte de un posible patrón de conducta que, a su juicio, podría constituir violaciones a disposiciones del Código Penal de Puerto Rico y la Ley de Ética Gubernamental.
“La presente querella recoge una serie de acciones ocurridas con posterioridad a los referidos formales de los hallazgos de la investigación interna, que el suscribiente entiende forman parte del mismo patrón de conducta ilícita”, lee parte de la querella presentada.
En los documentos, que incluyen mensajes de texto, Negrón Reichard sostiene que los hechos se originan entre los meses de marzo y mayo de 2026, cuando aún encabezaba el DDEC, en medio de un proceso competitivo relacionado con la contratación de servicios de publicidad con fondos federales administrados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
Según la querella, dos empleadas del DDEC le informaron sobre alegada presión indebida ejercida sobre miembros del comité evaluador del proceso competitivo, con el objetivo de favorecer a un proponente específico.
Tras recibir la información, Negrón Reichard ordenó la evaluación e investigación interna a través de la oficina legal del DDEC y paralizar el proceso de contratación en cuestión.
Los hallazgos de esa investigación fueron posteriormente los referidos de Norberto Almodóvar, exsecretario auxiliar de la OGPe, y a Charlene Neuman, jefa de personal de la oficina, al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor.
Esto desembocó en un referido de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, ante la Opfei el pasado 10 de junio de 2026.
Sin embargo, la querella presentada hoy amplía el alcance de esos hechos y solicita que se investigue lo que describe como una secuencia de intervenciones institucionales, presiones y posibles represalias relacionadas con el manejo de la pesquisa interna en el DDEC.
Entre los señalamientos, Negrón Reichard plantea que una opinión legal emitida por el Departamento de Justicia habría tenido el efecto de limitar o socavar la autoridad del DDEC para adelantar su investigación interna. También alega que comunicaciones y acciones posteriores podrían interpretarse como represalias contra las empleadas que realizaron las denuncias iniciales.
Asimismo, el documento incluye alegaciones sobre instrucciones atribuidas al secretario de la Gobernación dirigidas a detener procesos administrativos de suspensión de los puestos de carrera de Almodóvar y Neuman, así como gestiones relacionadas con decretos contributivos que, según la querella, podrían implicar conflictos de interés.
Parte de los supuestos patrones de incumplimientos figura “la instrucción impartida por el secretario de la Gobernación a través del subsecretario del DDEC de paralizar el trámite de suspensiones sumarias que el suscribiente había firmado conforme a las recomendaciones de la evaluación interna; así como gestiones directas del secretario de la Gobernación ante el DDEC en relación con decretos de créditos contributivos, incluyendo uno vinculado a una entidad representada por él mismo mientras fue miembro de su antigua firma de cabilderos Politank, y que continúa siendo cliente de la firma de la que él alega hoy día no participa, todo ello en circunstancias que el suscribiente considera inapropiadas e incompatibles con su rol, y que podrían constituir conducta ilegal sancionada penal y administrativamente bajo el Código Penal de Puerto Rico y la Ley de Ética Gubernamental, entre otros estatutos legales”.
La querella fue presentada directamente ante el Panel del FEI al tratarse de un asunto que, según el exfuncionario, forma parte del mismo núcleo de hechos que dieron origen al referido previo del Departamento de Justicia.
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