Julian Martínez Nueva York- El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos fueron acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas en una acusación que se dio a conocer el miércoles en Nueva York, acusados de ayudar en la importación masiva de narcóticos ilícitos a Estados Unidos.
Las autoridades federales estadounidenses anunciaron los cargos en un comunicado de prensa. Ninguno de los acusados estaba detenido.
Los acusados en los documentos judiciales desvelados en un tribunal federal de Manhattan son funcionarios y ex funcionarios del Gobierno o de las fuerzas de seguridad de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa desde noviembre de 2021.
Algunos de ellos, según la acusación, han participado en la campaña de violencia y venganza del cártel de Sinaloa.
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La acusación alegaba que estaban estrechamente alineados con la facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el antiguo líder del cártel que ahora cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.
Según las autoridades, los acusados han desempeñado papeles esenciales para ayudar al cártel de la droga de Sinaloa a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
El fiscal federal Jay Clayton calificó al cártel de Sinaloa de “organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad de drogas peligrosas durante décadas.”
Y añadió: “Como pone de manifiesto la acusación, el cártel de Sinaloa, y otras organizaciones de narcotraficantes como él, no operarían con la misma libertad o éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina.”
Entre los acusados, al menos tres funcionarios -Rocha, el gobernador, el alcalde de la capital de Sinaloa y un senador- estaban afiliados al partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no afiliados a partidos mexicanos.
La oficina del gobernador de Sinaloa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.
Las acusaciones se producen después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, dijera la semana pasada que la administración estadounidense lanzaría una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos que, según él, estaban vinculados al crimen organizado.
“La corrupción no sólo obstaculiza el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas”, afirmó Johnson.
Sheinbaum respondió el lunes diciendo que su gobierno no ha visto “ninguna prueba” de las acusaciones de corrupción.
“Cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México debe tener pruebas revisadas por la Procuraduría (mexicana)”, dijo Sheinbaum.
