Julian Martínez Con el fin de fomentar la actividad económica más allá de los fondos federales, el alcalde capitalino Miguel Romero presentó una ordenanza para actualizar los incentivos a negocios “con gran potencial de crecimiento y de valor añadido” que escojan establecerse en San Juan.
“San Juan es la capital económica y financiera de Puerto Rico. Somos el epicentro, donde están los bancos, las principales compañías, las universidades, los hoteles, el entretenimiento” enumeró Romero sobre el municipio donde operan 11,808 comercios con 138,806 empleos privados.
Sin embargo, indicó que el ayuntamiento llevaba cerca de “un cuarto de siglo” sin atemperar sus incentivos a las tendencias económicas y de competitividad, pues los beneficios vigentes parten de la Ordenanza 28 aprobada por el exalcalde Jorge Santini en el año fiscal 2001-2002.
Por ello, para implementar lo que llamó el “plan de transformación económica de la Ciudad Capital”, Romero propuso arrancar con un presupuesto inicial de $2 millones de fondos municipales, que se complementará con fondos federales, como los destinados al desarrollo laboral (conocidos por WIOA, sus siglas en inglés).
En ese renglón, el director de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan, Joel Pizá, informó que este año, el municipio vio incrementarse su asignación, de $9 millones a $16 millones.
Durante un encuentro con la prensa, celebrado en la Casa Alcaldía, Romero explicó que hasta ahora, los incentivos municipales dependían de dónde se ubicaba la propuesta de negocio -como el casco de Río Piedras o comunidades rurales como Caimito- no del tipo de actividad.
“El modelo que estamos proponiendo está diseñado para priorizar sectores económicos estratégicos”, contrastó.
Estos segmentos son: industrias creativas, negocios en rutas gastronómicas designadas, servicios de salud especializada, turismo de experiencias especializadas, tecnología de información y “los servicios profesionales intensivos en conocimiento”. Aclaró que este último no incluye operaciones de servicios ordinarios como bufetes, firmas de contabilidad o de consultoría.
De forma similar, en tecnología de información se excluye la reventa de productos o programas existentes. Mientras, en turismo, aclaró que no se considerarán negocios “tradicionales” de hospedería, transporte o entretenimiento, pues apuestan a la especialización y el “contenido temático estructurado”.
Otras exclusiones incluyen barras, negocios de apuestas, manejo de propiedades, cannabis y actividades “contrarias a la ley, moral o el orden público”.
Fuera de los segmentos estratégicos, indicó que – caso a caso – pueden evaluar negocios que prometan alto impacto económico, como creación de empleos y rehabilitación de propiedades, incluidos los estorbos públicos. También pueden considerar actividades que aporten a los planes de revitalización de sectores específicos, como Río Piedras, o que sean pymes que operan en edificios o espacios municipales, detalló.
Los incentivos
En cuanto a los incentivos que propone, Romero indicó que deja atrás el modelo de préstamos.
En su lugar, busca que se aprueben subvenciones para mitigar gastos, como el depósito para comprar una propiedad, mejoras a un inmueble, adquisición de soluciones tecnológicas o de equipos. No se precisó a cuánto ascenderían esas subvenciones.
También se podrá solicitar asistencia técnica, capacitación y subsidio temporero de nómina, beneficio que típicamente se costea con fondos federales.
En actividades que requieran construcción o rehabilitación de un inmueble, Romero indicó que se podrían conceder exenciones parciales o totales de arbitrios de construcción y de patente municipal mientras el negocio arranca.
“Cero de cero es cero. No estás perdiendo nada y estás promoviendo que cuando termine ese decreto tengas un negocio sólido”, acotó sobre el efecto deseado al apoyar negocios nuevos.
Sin embargo, indicó que también podrán solicitar operaciones existentes, si demuestran estar en proceso significativo de expansión.
Romero hizo hincapié en que su plan incluye un fuerte componente de fiscalización, que incluirá contratos en los que el beneficiario acuerde dar informes periódicos, valide bajo juramento el contenido de su solicitud, divulgue qué otros incentivos o beneficios tiene a nivel estatal y acepte someterse a un proceso administrativo, en caso de que se detecte algún incumplimiento.
“No queremos dar dobles exenciones ni abrir la puerta a que nadie se aproveche”, afirmó. Y, en caso de revocación de decreto, “se puede requerir devolución de dinero”.
Los decretos durarán cinco años, con posible extensión de dos años adicionales, informó el alcalde.
Próximos pasos
Romero exhortó al sector privado y a la ciudadanía a participar del proceso de vistas públicas que se abrirá próximamente.
“La idea es comenzar el 1 de octubre de 2026, para amarrar los recursos con los fondos de WIOA y CDBG”, finalizó.
