{"id":27367,"date":"2026-06-28T21:45:01","date_gmt":"2026-06-29T01:45:01","guid":{"rendered":"https:\/\/aleeknews.com\/4l33k5\/2026\/06\/28\/como-la-junta-fiscal-redujo-la-deuda-de-puerto-rico-david-skeel-y-arthur-j-gonzalez-recuentan-las-grandes-decisiones\/"},"modified":"2026-06-28T21:45:01","modified_gmt":"2026-06-29T01:45:01","slug":"como-la-junta-fiscal-redujo-la-deuda-de-puerto-rico-david-skeel-y-arthur-j-gonzalez-recuentan-las-grandes-decisiones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aleeknews.com\/4l33k5\/2026\/06\/28\/como-la-junta-fiscal-redujo-la-deuda-de-puerto-rico-david-skeel-y-arthur-j-gonzalez-recuentan-las-grandes-decisiones\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo la Junta Fiscal redujo la deuda de Puerto Rico? David Skeel y Arthur J. Gonz\u00e1lez recuentan las grandes decisiones"},"content":{"rendered":"
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Recortar por cerca de $36,000 millones la deuda p\u00fablica ha dado al liderato pol\u00edtico territorial y a Puerto Rico un espacio sin igual para transformar su econom\u00eda, a juicio de David Skeel<\/b><\/a> <\/b>y Arthur J. Gonz\u00e1lez<\/b><\/a>, quienes han jugado un rol clave en el proceder de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF). <\/p>\n

En un plazo aproximado de cuatro a\u00f1os -pese a eventos mayores como el hurac\u00e1n Mar\u00eda y la salida forzada del poder<\/a> del gobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares-, la JSF modific\u00f3 y cancel\u00f3 acreencias de todo tipo: desde los bonos garantizados con el Impuesto a la Venta y Uso<\/a> (IVU) emitidos por la Corporaci\u00f3n del Fondo de Inter\u00e9s Apremiante (Cofina<\/a>) hasta la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportaci\u00f3n (ACT), que se cubr\u00eda con los peajes que diariamente pagan los conductores en las autopistas del pa\u00eds.<\/p>\n

En entrevistas separadas, Skeel y Gonz\u00e1lez revelaron que consumar la reestructuraci\u00f3n de deuda m\u00e1s grande y compleja en la historia del mercado municipal estadounidense fue fruto de extensos ejercicios anal\u00edticos sin contar, necesariamente, con informaci\u00f3n certera y confiable; de movidas para impedir que los bonistas pactaran acuerdos directos con el gobierno<\/b> y de luchas internas y externas que requirieron m\u00e9todos de negociaci\u00f3n noveles para conseguir el respaldo de los acreedores. Incluso, fue necesario entrar en complejas disputas como el litigio por los Bonos de Obligaciones de Pensiones<\/a> (POBs en ingl\u00e9s). <\/p>\n

Seg\u00fan los entrevistados, si bien combatir la legalidad o viabilidad de algunas emisiones de deuda como los POBs o la deuda de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE<\/a>) requiri\u00f3 millones de d\u00f3lares en honorarios, estas resultaron en ahorros que ahora est\u00e1n disponibles para sufragar servicios p\u00fablicos.<\/p>\n

Skeel, acad\u00e9mico experto en Derecho de Quiebras, fue miembro de la JSF desde los comienzos del organismo creado mediante la ley federal Promesa<\/a> en el verano del 2016 hasta el 2024. Gonz\u00e1lez, un ex juez de quiebras reconocido por su participaci\u00f3n en los casos de Enron y Worldcom, ha servido en el organismo<\/a> desde su creaci\u00f3n hasta el presente.<\/p>\n

\u201cLa reestructuraci\u00f3n del gobierno central fue casi milagrosa\u201d, dijo Skeel al se\u00f1alar que, sin lugar a dudas, la transacci\u00f3n que modific\u00f3 las Obligaciones Generales (GO<\/a>s, en ingl\u00e9s) del gobierno central, aquellas de la Autoridad de Edificios P\u00fablicos (AEP) y otras entidades gubernamentales, es el mayor acierto de la JSF<\/a>.<\/p>\n

\u201cCuando llegamos, era un laberinto tratar de descifrar exactamente cu\u00e1l era la condici\u00f3n financiera (de Puerto Rico)\u201d, dijo por su parte, Gonz\u00e1lez, a quien se le atribuye buena parte de la estrategia legal que ha seguido la JSF al invocar las protecciones del <\/b>T\u00edtulo III<\/b><\/a> de Promesa.<\/b><\/p>\n

De acuerdo con Skeel, en t\u00e9rminos de estructura, la deuda que emiti\u00f3 Puerto Rico no era muy distinta a los pr\u00e9stamos que toman otras jurisdicciones en Estados Unidos. En s\u00edntesis, Puerto Rico cre\u00f3 casi una veintena de entidades para evadir el margen prestatario establecido en la Constituci\u00f3n.<\/b> Lo mismo hizo Chicago y otras tantas jurisdicciones a lo largo y ancho de Estados Unidos.<\/p>\n

Pero lo que pudo facilitar que Puerto Rico se endeudara m\u00e1s que otros estados, opin\u00f3 Skeel, fue su trato contributivo preferencial. Los rendimientos que pagan los bonos de la isla eran triplemente libres de impuestos, es decir, eran exentos a nivel local, estatal y federal.<\/p>\n

Entre los a\u00f1os 2018 y 2022, la JSF intervino directamente con 13 emisores de deuda de Puerto Rico y modific\u00f3 las obligaciones de 12 de estos.<\/b> Pero en total, Puerto Rico contaba con 17 entidades autorizadas a emitir deuda. La mayor\u00eda de las modificaciones se consumaron bajo el T\u00edtulo III<\/a> de Promesa y otras dos, enti\u00e9ndase el fallido Banco Gubernamental de Fomento<\/a> (BGF) y la Compa\u00f1\u00eda de Fomento Industrial<\/a> (Pridco, en ingl\u00e9s) se transaron mediante el T\u00edtulo VI de Promesa.<\/p>\n

Quedaron fuera del alcance de la JSF, la Agencia para el Financiamiento Municipal, la Autoridad para el Financiamiento de Instalaciones Industriales, Tur\u00edsticas, Educativas, M\u00e9dicas y Ambientales de Puerto Rico (Afica), la Universidad de Puerto Rico (UPR<\/a>) y el Fideicomiso de los Ni\u00f1os.<\/p>\n

En n\u00fameros, bajo el Plan de Ajuste (PDA) del Gobierno central, se modificaron unos $25,000 millones en obligaciones y a su vez, se cancelaron $2,000 millones en reclamaciones de acreedores de corporaciones p\u00fablicas como la ACT, quienes alegaban que el Gobierno central les deb\u00eda dinero por haber retenido fondos de las empresas p\u00fablicas bajo la cl\u00e1usula de \u201cclawback\u201d. Adem\u00e1s se modificaron unos $6,000 millones en deudas con suplidores.<\/p>\n

En el agregado, considerando los otros acuerdos y excluyendo el caso pendiente de la AEE, la JSF ha modificado unos $63,000 millones por concepto de principal. El nuevo principal adeudado, pagadero en tres d\u00e9cadas, ronda $27,000 millones.<\/b><\/p>\n

El recorte luce m\u00e1s grande al considerar los intereses que Puerto Rico hubiera pagado sin Promesa. En total, el territorio estadounidense cargaba con $112,000 millones en principal e inter\u00e9s, lo que implicaba un pago anual de unos $4,200 millones, o alrededor de 28 centavos de cada d\u00f3lar en el Fondo General. <\/p>\n

En la actualidad, Puerto Rico paga, por concepto de deuda p\u00fablica, unos $1,150 millones al a\u00f1o, o entre seis y ocho centavos por d\u00f3lar en el principal fondo que custodia el Departamento de Hacienda<\/a>. La cifra aumenta a unos $1,500 millones considerando pagos adicionales a bonistas en caso de que se superen las proyecciones de ingreso establecidas en el plan fiscal<\/p>\n

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La JSF asegura en su informe anual que lo hecho se traduce en <\/b>un ahorro de unos $60,000 por cada hogar<\/b><\/a> en Puerto Rico.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

Cuando, en la segunda mitad del 2016, la JSF qued\u00f3 formalmente instituida, el Tesoro federal -que segu\u00eda de cerca el comportamiento de los bonos de la isla mucho antes de que la crisis fiscal de Puerto Rico anduviera en boca de todos- provey\u00f3 una asistencia crucial para organizar los trabajos, dijo Skeel. <\/p>\n

Pero una vez la agencia federal ofreci\u00f3 la inteligencia que ten\u00eda acerca del cuadro financiero de Puerto Rico, dej\u00f3 en \u00e9l y sus hom\u00f3logos encontrar la soluci\u00f3n.<\/b><\/p>\n

A preguntas de El Nuevo D\u00eda<\/b><\/a>, Skeel dijo que nunca se dio pensamiento formal a que la deuda emitida por Puerto Rico fuera una obligaci\u00f3n del gobierno federal en caso de impago.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que cuando la JSF pudo aquilatar la encrucijada en que se encontraba Puerto Rico, el diagn\u00f3stico fue \u201cdram\u00e1ticamente\u201d peor a lo que anticiparon.<\/p>\n

El rol que jug\u00f3 Rossell\u00f3<\/b><\/h4>\n<\/p>\n

Gonz\u00e1lez describi\u00f3 los casos de Enron, Worldcom y Lehman, considerados los colapsos corporativos m\u00e1s grandes de Estados Unidos, como \u201cuna tragedia\u201d. Las tres empresas se declararon en bancarrota en 2001, 2002 y 2008 con acreencias de $60,000 millones, $106,000 millones y $600,000 millones, respectivamente.<\/p>\n

\u201cPero cuando miras a una entidad municipal, y ciertamente, cuando miras Promesa, no est\u00e1s lidiando con miles de empleados que pueden perder sus trabajos\u2026 est\u00e1s mirando a 3.2 millones de personas y c\u00f3mo ellos se ver\u00e1n afectados. Es una responsabilidad mucho m\u00e1s amplia\u201d, dijo Gonz\u00e1lez<\/b> al explicar el razonamiento que \u00e9l y sus hom\u00f3logos aplicaron para solucionar la crisis de deuda que experimentaba Puerto Rico.<\/p>\n

Aparte de que, seg\u00fan la ley federal Promesa<\/a>, la JSF no puede legislar, operar el gobierno directamente o despedir empleados, tal vez, la mayor prueba de la facultad limitada del organismo era que las protecciones del T\u00edtulo III no se hubieran activado sin que el gobierno puertorrique\u00f1o solicitara tal remedio.<\/b><\/p>\n

Durante los primeros meses del 2017, cuando la JSF comenzaba a prepararse para el proceso de quiebra, Rossell\u00f3 Nevares llegaba a La Fortaleza tras repetir hasta el cansancio, durante la campa\u00f1a electoral, que Puerto Rico pod\u00eda pagar sus deudas<\/a>.<\/p>\n

\u201cLos bonistas trataron de conseguir un acuerdo de \u00faltima hora con el gobernador Rossell\u00f3 (Nevares)\u201d, revel\u00f3 Skeel al indicar que inicialmente, el exgobernador entend\u00eda que Puerto Rico solo necesitaba aplazar el pago de la deuda p\u00fablica por uno o dos a\u00f1os.<\/b><\/p>\n

Si Rossell\u00f3 Nevares hubiera pactado con los bonistas en el 2017, explic\u00f3 Skeel, se habr\u00eda creado un debate en torno a la pertinencia de la JSF.<\/p>\n

\u201cNos preocupaba que el gobernador Rossell\u00f3 (Nevares) no estuviera de acuerdo con el T\u00edtulo III porque \u00e9l pensaba que la deuda pod\u00eda pagarse. Eso habr\u00eda sido una controversia fuerte\u201d, dijo Skeel.<\/p>\n

Rossell\u00f3 finalmente le pidi\u00f3 a la JSF la protecci\u00f3n por T\u00edtulo III en mayo de 2017. <\/p>\n

$50,000 millones en juego<\/b><\/h4>\n<\/p>\n

Luego de que el hurac\u00e1n Mar\u00eda \u201cperturb\u00f3\u201d, en palabras de Skeel, la situaci\u00f3n de Puerto Rico y descarril\u00f3 los planes que la JSF comenzaba a articular, el ente fiscal opt\u00f3 por buscar \u201coportunidades\u201d. <\/p>\n

Gonz\u00e1lez explic\u00f3 que al analizar c\u00f3mo reestructurar la deuda de la ACT o los POBs, buscaron aquellos espacios de \u201cluz\u201d donde pudiera para adelantarse el proceso.<\/p>\n

Seg\u00fan Skeel, la JSF procedi\u00f3 con la reestructuraci\u00f3n del gobierno central por tratarse del pedazo del pastel m\u00e1s grande.<\/p>\n

Sin embargo, se hizo necesario atender primero los cuestionamientos en torno a la validez de la deuda de Cofina, y en especial, a qui\u00e9n pertenec\u00edan los recaudos del IVU. <\/p>\n

\u201cLos recaudos que estaban en juego eran unos $50,000 millones\u201d, dijo Skeel haciendo referencia a los recaudos del impuesto al consumo que llegar\u00edan al erario durante la vida de los bonos. \u201cSupimos que no podr\u00edamos reestructurar la deuda del gobierno central hasta que resolvi\u00e9ramos (Cofina)\u201d.<\/b><\/p>\n

Para evitar el conflicto de representar dos emisores de deuda al mismo tiempo, la JSF recurri\u00f3 a \u201cagentes\u201d para que estos negociaran en nombre de Cofina y los GOs. En lugar de que el tribunal decidiera si la deuda de Cofina era inv\u00e1lida como se aleg\u00f3, los agentes acordaron repartirse la fuente de recaudos y as\u00ed se modificaron unos $17,000 millones en bonos. En ese acuerdo, se cre\u00f3 adem\u00e1s el Instrumento de Valor Contingente (CVI, en ingl\u00e9s), un pago adicional que reciben los bonistas cada a\u00f1o si Puerto Rico excede los recaudos proyectados en el plan fiscal, y que Skeel describi\u00f3 como un elemento novel en las negociaciones. Desde el 2022, hasta junio del a\u00f1o pasado, aparte de los pagos anuales establecidos los bonistas han recibido unos $1,100 millones a trav\u00e9s del CVI.<\/b><\/p>\n

La \u201cgran victoria\u201d y la auditor\u00eda de la deuda<\/b><\/h4>\n<\/p>\n

A excepci\u00f3n de los POBs y la ACT, en los otros 10 acuerdos de reestructuraci\u00f3n de deuda, la JSF acept\u00f3 poner fin a cualquier litigio que cuestionara la legalidad de los bonos y\/o su estructura de colateral o buscara responsabilizar a los actores que gestionaron las transacciones. Esto, incluy\u00f3 los casos que impuls\u00f3 el Comit\u00e9 de Acreedores no Asegurados<\/a> (UCC, en ingl\u00e9s) para que los bancos de inversiones, aseguradoras municipales y firmas que recomendaron los bonos de Puerto Rico asumieran su responsabilidad tras el impago.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 la JSF no llev\u00f3 a cabo la auditor\u00eda que reclamaba la ciudadan\u00eda?, se le pregunt\u00f3 a Skeel. <\/b><\/p>\n

\u201cHabr\u00eda sido extremadamente costoso\u201d, asegur\u00f3. <\/p>\n

Contrario a las expectativas de la gente, Skeel explic\u00f3 que auditar cada d\u00f3lar que Puerto Rico tom\u00f3 a modo de pr\u00e9stamo habr\u00eda tomado un largo tiempo.<\/p>\n

Sostuvo que en el contexto de la investigaci\u00f3n encomendada a Kobre & Kim, que cost\u00f3 unos $16 millones, se audit\u00f3 una peque\u00f1a parte de la deuda y en esta se encontr\u00f3 que parte del dinero obtenido a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos se utiliz\u00f3 para gastos operacionales -como pagar la n\u00f3mina- en lugar de construir obra. <\/p>\n

\u201cAlgo de los ingresos procedentes de deuda fueron mal utilizados, pero no en una manera que habr\u00eda permitido invalidarla\u201d, explic\u00f3 Skeel<\/b> al describir la anulaci\u00f3n de los POBs, como la \u201cgran victoria\u201d de la JSF en lo que respecta a la renegociaci\u00f3n de la deuda.<\/p>\n

Con todo, el Informe Kobre & Kim<\/a> ayud\u00f3 a la JSF a construir la tesis que sirvi\u00f3 para anular los $3,000 millones en POBs que emiti\u00f3 la Administraci\u00f3n de los Sistemas de Retiro (ASR) para pagar pensiones. Tambi\u00e9n sirvi\u00f3 para recortar en 75% la deuda de la ACT pagadera con los ingresos de peajes. En ambos casos, los bonistas llevaron los fallos adversos hasta el Tribunal de Apelaciones o intentaron que el Tribunal Supremo estadounidense les diera audiencia, pero no tuvieron \u00e9xito.<\/p>\n

El costo de Promesa para los puertorrique\u00f1os <\/b><\/h4>\n<\/p>\n

El Nuevo D\u00eda<\/b> pregunt\u00f3 a Skeel a qu\u00e9 responde la brecha entre el costo estimado por el Servicio de Investigaci\u00f3n Congresional (CRS, en ingl\u00e9s) y la factura que han pagado los puertorrique\u00f1os. <\/p>\n

Hace una d\u00e9cada, el CRS estim\u00f3 que Promesa costar\u00eda unos $300 millones. El informe anual m\u00e1s reciente de la JSF contabiliza la factura en $1,450 millones. La vasta mayor\u00eda del gasto ha ido a asesores y abogados y el 40% de esa factura corresponde a contratistas del gobierno.<\/b><\/p>\n

Skeel rechaz\u00f3 las cr\u00edticas en torno a la inversi\u00f3n del dinero de los contribuyentes en Promesa.<\/p>\n

\u201cEl retorno de la inversi\u00f3n en asesores ha sido extraordinario. El argumento de que el costo de (la asesor\u00eda financiera y legal) ha sido escandaloso es realmente una mentira. Me molesta. Sabemos de d\u00f3nde viene ese argumento. Son personas que, en mi opini\u00f3n, no tienen necesariamente los mejores intereses de Puerto Rico presentes\u201d, dijo Skeel<\/b> sin mencionar el nombre de Justin Peterson, quien fue nominado por el presidente Donald Trump<\/a> a la JSF y se ha mostrado cr\u00edtico hacia el funcionamiento del organismo. <\/p>\n

Este diario pregunt\u00f3 cu\u00e1n dif\u00edcil fueron los trabajos de la JSF mientras el ejecutivo de DCI Group, que orquest\u00f3 una campa\u00f1a de descr\u00e9dito<\/a> contra Puerto Rico a pedido de ciertos bonistas, se integr\u00f3 al organismo.<\/p>\n

\u201cFue un reto tener un miembro de junta que expl\u00edcitamente tom\u00f3 su posici\u00f3n para representar el inter\u00e9s y enfocarse en el inter\u00e9s de los acreedores. Fue muy retante. \u00c9l es muy inteligente, muy astuto y bueno… yo no ten\u00eda canas, pero ahora tengo de esas batallas\u201d. <\/p>\n

Un nuevo comienzo<\/b><\/h4>\n<\/p>\n

Al reflexionar acerca de lo hecho a lo largo de 10 a\u00f1os, Gonz\u00e1lez admiti\u00f3 que la JSF pudo cometer errores, pero \u201centendemos que hemos reducido la deuda a niveles manejables\u201d. <\/b><\/p>\n

El exjuez indic\u00f3 que no se puede prometer que no habr\u00e1 otra crisis fiscal, pero tambi\u00e9n explic\u00f3 desde su entendimiento, que no habr\u00e1 otra oportunidad como Promesa para reestructurar la deuda.<\/p>\n

\u201cNo tengo a nuestros abogados para que puedan corregirme, pero creo que bajo Promesa pudimos reestructurar las deudas bajo el T\u00edtulo III… asumiendo que una vez todos los casos de T\u00edtulo III terminen, la JSF se haya ido y termine Promesa, lo que pasar\u00eda es que para utilizar Promesa nuevamente, tendr\u00edas que ir al Congreso y pedir permiso\u201d, dijo Gonz\u00e1lez.<\/p>\n

De acuerdo con el exjuez, el prop\u00f3sito de una reestructuraci\u00f3n es dar \u201cun nuevo comienzo\u201d a una entidad, sea una empresa o un gobierno, pero lo que haga esa entidad tras modificar sus obligaciones est\u00e1 fuera del alcance del supervisor o del tribunal.<\/p>\n

\u201cUno esperar\u00eda que al interior de Puerto Rico haya m\u00e1s disciplina en la Legislatura y la rama Ejecutiva… Podemos hacer lo mejor para ponerlos en la direcci\u00f3n correcta y esperar que se tomen decisiones responsables y no terminemos donde est\u00e1bamos\u201d, dijo Gonz\u00e1lez.<\/b><\/p>\n

Skeel fue m\u00e1s directo. Sostuvo que la creaci\u00f3n de la JSF fue una intromisi\u00f3n en el gobierno puertorrique\u00f1o para ajustar las finanzas p\u00fablicas y, si a futuro, Puerto Rico no hace suya una cultura de disciplina fiscal ser\u00eda \u201cuna tragedia\u201d.<\/p>\n<\/div>\n\n

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