Julian Martínez El Senado dejó para el próximo martes la discusión del proyecto sustitutivo de permisos, una medida con sobre 800 páginas que fusiona la legislación radicada por la gobernadora Jenniffer González Colón y la del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
El proyecto bajó por descargue a la sesión de este jueves, es decir, que se comenzó a discutir sin estar en el calendario del día. Los senadores incluso comenzaron a debatir el proyecto entre señalamientos y preguntas por el proceso y las enmiendas presentadas.
El senador independiente Eliezer Molina, durante su turno, pidió tiempo adicional para discutir el proyecto, lo cual fue avalado por el resto del cuerpo y por el presidente.
“Esta reforma nos puede comprometer en años de buena o mala planificación”, dijo Molina. “No voy a entrar en el contenido, porque leer mil páginas en una hora se me hace difícil, y no quisiera omisiones. Cuando leo la definición de Zona Marítimo Terrestre, no puedo entenderlo”.
Tanto Molina como la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) criticaron que el sustitutivo mantenga la creación de la Oficina Central de Permisos, donde se concentrarían gran parte de los poderes del proceso de permisos.
Antes de conceder hasta el martes para retomar el debate, el presidente senatorial dijo que los proyectos originales se radicaron en abril pasado y fueron a cinco vistas públicas a partir de mayo. Enumeró las veces que los senadores acudieron a las vistas.
“Nadie tiene prisa en aprobar el proyecto. El proyecto está atendiéndose desde abril”, dijo Rivera Schatz desde su banca. “Son cinco meses y medio. Aquí los senadores son legisladores a tiempo completo y tienen la obligación de asistir a las vistas, de entender y atender los asuntos de las comisiones de las que forman parte y representar correctamente a sus constituyentes”.
Según consta en el tracto legislativo, el informe positivo de la medida –paso previo a una discusión en el pleno– se radicó este miércoles. El informe del proyecto tiene 164 páginas y el proyecto sustitutivo tiene sobre 800.
Cuestionan poder de la Oficina Central de Permisos
El proyecto sustitutivo mantiene la creación de la Oficina Central de Permisos. Luego de que la gobernadora presentara su medida, el presidente del Senado cuestionó que la última palabra sobre el proceso de permisos estuviera en manos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y dijo que no permitirá crear “un Vaticano”, en el sentido de que la medida le otorgaría poder absoluto al DDEC mediante esa cláusula.
Los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa, también cuestionaron el poder que residiría en la oficina, de aprobarse la medida tal cual fue presentada. Agregaron que la legislación tendría el efecto de crear un “zar de permisos”.
Santiago criticó, además, que el proyecto sustitutivo crea la clasificación de “proyecto de impacto socioeconómico prioritario”, propuestas que tendrían una evaluación expedita bajo la supervisión del gobernante, la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía de Puerto Rico.
“A pesar que durante la discusión se prometió que no se crearía una súperagencia que va a necesitar unos recursos presupuestarios que no hemos documentado… se crea una figura de un zar de permisos, como si no tuviéramos suficiente con el zar de Energía (Josué Colón)”, afirmó Santiago.
“Persiste, igual que en el proyecto original, la eliminación de facultades esenciales del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Al ICP se le quita toda la facultad de intervenir en las evaluaciones arqueológicas correspondientes a la concesión de permisos para darle esa facultad a la Oficina Central de Permisos”, dijo la legisladora.
Se organiza la oposición
Organizaciones como Sierra Club Puerto Rico y el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (CAAPPR) expresaron ayer su rechazo al proyecto y a la discusión acelerada de la medida. En el caso del Sierra Club, hizo un llamado a sus miembros a comenzar a comunicarse con el Senado para detener la medida.
El CAAPPR expresó en sus redes que “una medida de esta naturaleza requiere un proceso amplio, transparente y participativo”.
La presidenta de la organización, Olga Angueira, dijo que deben convocarse nuevas vistas públicas, para discutir el proyecto sustitutivo, “de manera que los profesionales, sectores afectados y la ciudadanía tengan la oportunidad de conocer su alcance, presentar sus recomendaciones y expresar sus preocupaciones”.
Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club Puerto Rico, cuestionó que el proyecto fuera descargado y “sin dar oportunidad para leerlo, analizarlo y presentar comentarios antes de la votación”.
Insistió en que la medida presentada retiene el poder del tema de permisos en manos del DDEC.
“El departamento encargado de promover la inversión tendría también bajo su control mecanismos llamados a evaluar y limitar sus consecuencias sobre el territorio y las comunidades. Están poniendo a los cabros a velar las lechugas”, añadió en declaraciones escritas.
Vázquez Torres advirtió que las consecuencias de la aprobación de la reforma de permisos alcanzan la vida cotidiana, el costo y la ubicación de la vivienda, el acceso al agua, la exposición a la contaminación, el riesgo de inundaciones, los medios de vida de quienes trabajan en la pesca y la agricultura, el acceso a las costas y la protección del patrimonio histórico y arqueológico.
La directora de Sierra Club insistió que aprobar una ley de esta magnitud por descargue y sin espacio a la discusión pública, no es un trámite legislativo ordinario, sino una decisión que excluye al pueblo del proceso.
“Esta es una discusión sobre quién decide el futuro del país, quién recibe los beneficios y quién asume los costos. No se puede votar por un proyecto de tal envergadura sin el debido análisis y espacio para la discusión”, concluyó.
