Julian Martínez Mientras protestas masivas por el acceso a vivienda se replican por toda España, la Comunidad de Madrid adelanta la construcción de unas 20,000 unidades para alquiler asequible, bajo programas que usan un modelo de colaboración pública y privada.
Convocado por la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Jenónimo Escalera Gómez, gerente de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), compartió los detalles de las iniciativas que, además de proveer techos seguros “está consiguiendo retener a trabajadores esenciales en Madrid”.
Plan Vive se presentó como el modelo con cifras más ambiciosas, pues “tiene previsto sacar 16,500 viviendas en colaboración pública privada. Tiene entregadas casi 7,000”.
Indicó que algunas de las unidades, todas de alquiler, se reservan para trabajadores de la salud y la seguridad pública, para lograr ese segundo objetivo de que la capital de España pueda contar con personal esencial que, de otra forma, tendría que mudarse a otras áreas del país con menores costos de vivienda.
En cuanto al Plan Suma, Escalera informó que ya se han adjudicado dos fases que permiten tener 1,600 unidades de alquiler asequible en construcción y 600 adicionales “a punto de adjudicación”. Próximamente saldrá a licitación la tercera fase.
“Esto ha hecho que la inversión privada vaya a superar los $400 millones”, resaltó Escalera, uno de los principales oradores de la segunda jornada de la convención de la ACPR. “Estamos ahorrando todo el presupuesto de servicios sociales, y ese dinero para construir lo va a aportar empresas privadas que van a gestionar estas viviendas”.
¿Cómo se logra?
Escalera explicó que se abre un proceso competitivo de propuestas de vivienda, a construirse en parcelas que los ayuntamientos tienen vacantes y están listas para edificarse. Los desarrolladores seleccionados reciben derecho de superficie por 70 años y, al final del término, la obra construida retorna al ayuntamiento.
Mientras, las empresas se encargan de invertir en la construcción, administrar y alquilar los apartamentos por esos 70 años, con el entendido de que tendrán un beneficio económico.
Por el lado de los inquilinos, se les garantiza que no pagarán más del 30% de sus ingreso.
“Estudios económicos incluyen previsión de ingresos, gastos y el retorno de la inversión está en 7%”, precisó Escalera.
Sobre la selección de propuestas, indicó que se toma en cuenta la calidad arquitectónica, la eficiencia energética y que la entidad tenga la capacidad de administrar la propiedad.
“Se sigue dando un servicio público, aumenta el producto interno bruto (PIB), los trabajos directos e indirectos. Consideramos que es algo totalmente positivo para toda la sociedad”, resumió Escalera.
El funcionario explicó los programas de vivienda justo cuando trascendía la noticia de la muerte de Maricarmen Abascal, quien a los 87 años se convirtió en símbolo de la vivienda digna en España por su protestado desahucio del apartamento en el que residió por 71 años.
Las protestas por el tema de la especulación con la vivienda y la proliferación de los alquileres a corto plazo se han reproducido por toda España, con manifestaciones masivas desde País Vasco hasta Málaga.
De vivienda social a asequible
En cuanto a los proceso de cualificación para estas iniciativas, Escalera explicó que se busca atender a dos segmentos en necesidad de vivienda protegida.
La conocida como “vivienda social” es para personas o núcleos de convivencia que reciban hasta 3.5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Con esta medida, los ingresos anuales deben rondar cerca de 30,000 euros o menos.
Mientras, la “vivienda asequible” se destina a aquellos solicitantes que “superan el ingreso social pero no tienen suficiente para ir al mercado libre”. En estos casos, que se aplican a los programas Suma y Vive, los solicitantes pueden por lo general ganar hasta 5.5 veces el IPREM, equivalente a unos 39,600 euros anuales, pero según el sitio web de los programas se toman otras consideraciones en el cálculo, como grupo familiar y en qué industria se labora.
Destacó que prestan especial atención al segmento de “jóvenes de hasta 35 años para impulsar la emancipación, que puedan pagar menos e ir ahorrando para luego comprar vivienda”.
La expectativa es que la vivienda protegida sea una etapa de transición y, en unos años, estén en posición financiera de buscar un techo propio y dejar libre esa unidad.
Como sucede en Puerto Rico, Escalera indicó que España, a pesar de los retos de inflación y alza en precios, sigue siendo “un país liderado por compradores”.
Sobre los beneficios para los desarrolladores que deciden competir por los proyectos, además del retorno de inversión, Escalera indicó que se benefician con “seguridad jurídica; no cambiar la normativa a mitad de partido”.
Además, destacó que acceden al terreno “prácticamente gratis”, pues el gobierno municipal no cobra por otorgar el derecho de uso o pide una suma nominal.
A su vez, indicó que el ente gubernamental provee el estudio económico que necesitan presentar a la banca para obtener el préstamo interino de construcción.
Aun con los avances, al presentar datos sobre las realidades demográficas de la comunidad madrileña, Escalera reconoció que los retos son enormes.
Al aumento en población concentrada en Madrid, agregó que la expectativa de vida es 87.5 años, “la más alta en toda la Unión Europea”; que antes vivían unas cuatro personas por unidad y ello se ha reducido a 2.5 personas por vivienda; y que “cada año a Madrid llegan como 100,000 personas”.
“Esto hace que la emancipación de los jóvenes se retrase”, comentó sobre la realidad de que no encuentran lugares para vivir que puedan costear.
