Julian Martínez Para la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), si el Tribunal Supremo de Puerto Rico anula el acuerdo de alianza público privada (APP) entre LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se asestará un golpe a la ya deteriorada capacidad para atraer inversión a la isla.
Según la AIPR, más allá del “tecnicismo” en torno a la extensión del acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA) mediante una carta que no precisa la fecha de terminación del pacto, lo que está “en juego” es “la credibilidad de Puerto Rico, como destino de inversión” y la viabilidad de las APP, como un instrumento para desarrollar múltiples iniciativas y obras de infraestructura que son necesarias y para las cuales el fisco no tiene dinero.
Por ello y otros argumentos, la organización que representa al principal sector económico de Puerto Rico, solicitó al TSPR que le permita intervenir, en calidad de amicus curiae (amigo de la corte) en el proceso para dirimir si la extensión del OMA que rige la gestión de la red eléctrica es nula como alega el gobierno.
“Ningún beneficio de las APP puede materializarse en ausencia de seguridad jurídica. El capital privado, sea local, nacional o internacional, fluye hacia jurisdicciones donde los contratos se respetan, donde las reglas del juego son claras y previsibles, y donde los gobiernos honran los compromisos adquiridos”, reza el recurso firmado por el abogado Manuel Fernández Mejías.
Según la AIPR, lo fundamental es proteger “la certeza jurídica” de Puerto Rico, así como el vehículo de APP porque, luego de su bancarrota, el gobierno puertorriqueño no tiene dinero para proyectos de infraestructura que son inaplazables como el desarrollo de vivienda para viejos e inversiones capitales en el servicio de agua potable.
Esta semana, al contestar el procedimiento en su contra ante el Supremo, LUMA Energy aseguró que cancelar su pacto costará a los abonados de la AEE, al Fondo General, o ambos, unos $1,300 millones. De esa cifra al menos $726 millones son obligatorios, según una declaración jurada de la principal oficial ejecutiva de LUMA Energy, Janisse Quiñones. Esto, porque la suma corresponde a cerca de dos años de pagos que la AEE ha incumplido según el OMA, incluyendo sobre $300 millones en facturas vencidas de contratistas y suplidores que ya prestaron sus servicios a la red eléctrica y no han cobrado por ello.
La AIPR coincidió con LUMA Energy al señalar que cancelar el OMA amparándose en la nulidad del pacto es una contradicción por parte del gobierno.
En diciembre del año pasado, la administración de Jenniffer González Colón demandó a LUMA Energy señalando que la extensión del acuerdo suplementario entre las partes mediante una carta fue un acto ultra vires. En esencia, el gobierno alega que cuando expiró el acuerdo inicial pactado entre LUMA Energy y la AEE en noviembre de 2022, era necesario que los directivos del interés público de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) dieran su aprobación. También se alega que otorgar una extensión sin una fecha de terminación del contrato, como hizo la administración del entonces gobernador Pedro Pierluisi, es contrario a derecho y por ende, es un acto nulo. La misiva en controversia establece que el acuerdo suplementario entre LUMA Energy y el gobierno terminará cuando la AEE complete su reestructuración financiera en el tribunal federal.
“Extender la vigencia del contrato suplementario de alianza hasta tanto la (AEE) saliera de los procedimientos de quiebra seguidos, bajo el Título III de la ley federal PROMESA, no tan solo resulta en un ejercicio con apego a Derecho, sino que resulta un ejercicio razonable, válido y pragmático del criterio contractual de las partes contratantes en la alianza, considerando las particulares circunstancias que, sobre la operación del sistema eléctrico, conlleva la realidad de la quiebra de la (AEE) y, sobre todo, su efecto sobre el interés público”, argumentó Industriales.
Expuesto el sector industrial
En su escrito, la AIPR no necesariamente respaldó a LUMA Energy.
“Si existieran deficiencias genuinas en el desempeño de LUMA (Energy), el camino apropiado sería invocar estos mecanismos contractuales establecidos en la estructura de gobernanza del acuerdo”, reza el documento.
Al solicitar que se declare válida la carta extensión del acuerdo, la AIPR también reiteró que un sistema eléctrico deficiente se traduce en pérdidas para el sector y podría resultar en incumplimientos reglamentarios con agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos federal (FDA).
En ese sentido, la AIPR alertó al Supremo acerca de los peligros de una cancelación abrupta sin un plan de transición.
“Independientemente de quién opere el sistema eléctrico, lo que el sector manufacturero necesita es estabilidad institucional, certeza contractual y continuidad operacional. Una transición abrupta o no planificada en la operación del sistema eléctrico representaría un riesgo operacional significativo para las empresas manufactureras que operan en Puerto Rico y podría afectar adversamente sus cadenas de suministro y compromisos de producción”, argumentó la AIPR.
