Opinión | La legalidad para un país sin ley

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El drama venezolano coloca a los organismos internacionales, a la opinión pública y a muchos activistas ante una realidad incómoda, afirma Juan Antonio Bethencourt

8 de enero de 2026 – 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.

Cuando un régimen totalitario ha construido durante años un marco jurídico diseñado precisamente para violar derechos y consolidar un Estado criminal, se impone repensar la discusión jurídica y llevarla a otro nivel, escribe Juan Antonio Bethencourt. (Jane Rosenberg)

Como abogado venezolano y puertorriqueño y también hijo, sobrino y amigo de presos y perseguidos políticos, no me resisto a hacer algunas consideraciones jurídicas sobre el estado de la situación en Venezuela. El debate público internacional parece haber encontrado un cauce sorprendentemente estrecho para analizar la realidad: discutir si Donald Trump tiene o no base legal para intervenir. Columnas y comunicados giran alrededor de tratados, competencias y límites del derecho internacional. Mientras tanto, el problema esencial —el sufrimiento real de millones de venezolanos y la impunidad de un gobierno criminal— queda desplazado como algo secundario.

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