Julian Martínez Tres de los directivos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que fueron destituidos por el presidente Donald Trump el mes pasado han demandado este jueves al presidente estadounidense y a su director de Personal, Sergio Gor, reclamando que su destitución fue ilegal.
El exjuez de quiebras, Arthur J. González, la prominente educadora Betty A. Rosa, y el excomisionado de la Administración de Seguro Social Andrew Biggs solicitaron al Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico que emita una sentencia declaratoria, un interdicto y en la alternativa un mandamus a fin de dejar sin efecto la decisión presidencial.
Según la demanda, el 1 de agosto, González y Rosa recibieron un correo electrónico de una sola línea suscrito por el subdirector de la Oficina de Personal en la Casa Blanca, Trent Morse, en que se informaba su despido. Unos 12 días más tarde, Biggs recibía igual notificación.
“Los supuestos despidos fueron contrarios a la ley”, reza la demanda radicada esta noche.
“Como ha sucedido en numerosos otros casos durante los pasados meses, el gobierno puede reclamar que el presidente tiene autoridad inherente bajo el Artículo II de la Constitución para destituir al juez González, al doctor Biggs y la doctora Rosa. Eso es incorrecto”, reza el recurso presentado por los abogados David C. Indiano, Andrew H. Warren, James I. Pearce y Eduardo E. Santacana.
En el recurso, se indica que durante el primer mandato del presidente Trump, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que los integrantes de la JSF no son oficiales del gobierno de Estados Unidos bajo la rama ejecutiva sino parte del gobierno territorial de Puerto Rico.
Por ende, “cualquier autoridad” que el presidente Trump pueda invocar bajo el Artículo II de la Carta Magna estadounidense no se extiende a oficiales territoriales como González, Biggs y Rosa.
1 / 12 | Del 2016 al presente: algunos de los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal. 1. Arthur González, actual presidente de la Junta, había estado en la primera edición del organismo fiscal cuando fue creado en 2016. El exjuez de quiebras fue propuesto nuevamente en junio de 2024 por el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York). – rriveraphotography
“Lo que está en juego en este caso no podría ser más importante: si el Presidente puede violar las leyes que el Congreso aprobó para establecer gobiernos locales en los territorios, podría destituir a cualquier funcionario territorial mañana mismo”, reza la demanda al agregar que si prevalece la determinación de Trump, podría suceder lo mismo a cualquier funcionario en el Distrito de Columbia, la capital de Estados Unidos.
El mes pasado, de manera sorpresiva, Trump desarticuló la JSF al destituir a seis de sus directivos. Primero, destituyó a González, Rosa, al residente de Puerto Rico en el organismo, Cameron McKenzie, nombrado por el liderato republicando en el Congreso y a los directivos Juan Sabater y Luis Ubiñas sin ofrecer explicación alguna. Y cinco días más tarde, cuando objetó la destitución de sus pares en redes sociales como X y Facebook, destituyó a Biggs.
I’m proud to have served with my five @fomb colleagues, who worked for years, unpaid and often unfairly criticized, to improve life for the 3 million US citizens living in Puerto Rico. They deserve everyone’s gratitude, and they certainly have mine.https://t.co/hYNYHNMpFH
— Andrew G. Biggs (@biggsag) August 6, 2025
Trump destituyó a los directivos el 1 de agosto de 2025, en medio de presiones de grupos de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quienes aseguraron que el presidente tomó tal curso de acción por la dilación en el proceso de quiebra de la empresa eléctrica.
“La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico ha sido dirigida de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”, dijo un funcionario de la Casa Blanca en ese momento a la publicación Breitbart.
Según el escrito, los demandantes solicitan al tribunal que declare que la destitución fue ilegal y que según la ley federal Promesa, estos solo pueden ser removidos de sus cargos por justa causa.
En ese sentido, los demandantes reclaman que sus derechos fueron violados al no tener derecho a una audiencia según la ley efederal Promesa y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Sobre todo, reclaman ser reinstalados en sus puestos.
Escucha también:
